Lawfare: el puñal en el corazón de las democracias del siglo XXI | Latinoamérica sin Vueltas | Huellas de la Historia

En los últimos días, la Argentina ha sido sacudida por una noticia tan impactante como previsible: la ratificación de la condena judicial a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad. La Argentina, una vez más, muestra un escenario polarizado donde sectores conservadores han festejado la resolución de la Corte Suprema, mientras que todos quienes se preocupan por la situación de fragilidad democrática en el país han salido a repudiarlo. A todas luces, el caso se inscribe en una tendencia cada vez más arrolladora en toda Latinoamérica nombrada como Lawfare, término que une las palabras law (ley) y warfare (guerra). ¿Qué conclusiones podemos sacar en la comparación con otros procesos similares en la región? ¿La instrumentalización del Poder Judicial como herramienta de persecución política anula otras formas antidemocráticas violentas?

Tras años de gobiernos neoliberales que causaron estragos en las sociedades latinoamericanas, los primeros años del siglo XXI fueron escenario en el Cono Sur de una serie de gobiernos de carácter progresista que, con sus múltiples particularidades y diferencias, coincidieron a grandes rasgos en dos aspectos: por un lado, en la defensa de mayores márgenes de soberanía regional respecto de Estados Unidos y, por el otro, en la inclusión en la agenda política de cuestiones culturales y simbólicas fundamentales para cada una de sus sociedades, percibidas previamente como situaciones de injusticia. Por esto último me refiero, por ejemplo, a la cuestión indígena en Bolivia y en Ecuador (también en este caso, el asunto ambiental) y los Derechos Humanos en Argentina en relación al genocidio llevado adelante especialmente por la última Dictadura Cívico- Militar. Aunque en su mayoría no implicaron grandes modificaciones en relación a la estructura productiva, que tendió a mantener la primarización de la economía, con una matriz extractivista, los cambios que introdujeron estos gobiernos fueron percibidos como trascendentales y abruptos tanto por sus seguidores como por sus detractores. Sólo si tomamos en cuenta la importancia de esta dimensión simbólica y cultural, entenderemos por qué los golpistas bolivianos quemaban wiphalas en 2019 o por qué la derecha argentina celebraba la cancelación del "Plan Qunita", que otorgaba pequeñas cunas y otros productos dedicados al cuidado de recién nacidos a las familias más carenciadas. Por lo tanto, estos ataques no son sólo contra esos líderes políticos, sino también (y sobre todo) contra ese universo simbólico que habilitaron o que al menos dejaron crecer.

Prácticamente todos los presidentes de estos gobiernos que integraron esta oleada regional terminaron perseguidos judicialmente: Fernando Lugo fue destituido en 2012 tras un juicio político, Dilma Rousseff fue destituida por un impeachment, Lula Da Silva fue encarcelado en 2018 por corrupción vinculada a Lava Jato, Evo Morales fue acusado de fraude electoral en 2019 (debiendo exiliarse posteriormente), Rafael Correa fue condenado en 2020 por el Caso Sobornos… Estos procesos tuvieron en común fuertes irregularidades, incluyendo falta de elementos probatorios e inexistencia del debido proceso en muchos casos. El Poder Judicial en el Cono Sur se transformó verdaderamente en una herramienta de las élites para decidir quién puede o no ser candidato a elecciones, otorgando una (falsa) imagen de continuidad democrática y legalidad al proceso. Todos los casos, además, coinciden en algo: las acusaciones suelen ser por corrupción o, en el caso de Evo Morales, por fraude electoral, figuras que no pueden ser defendidas por nadie, en ninguna circunstancia. Por otro lado, en su instauración en la agenda política, tanto los medios de comunicación como las redes sociales cumplieron un rol fundamental en la normalización de la persecución a opositores políticos. En Argentina, hemos sido testigos de cómo opiniones que hace 15 o 20 años hubieran sido completamente inadmisibles hoy son pregonadas y amplificadas en los grandes medios de comunicación, como el tweet del mediático Agustín Laje que dice que no es posible convivir con los zurdos porque "No son conciudadanos: son enemigos".

Cabe hacernos la pregunta: ¿estos procesos judiciales surgieron de la noche a la mañana? o bien, ¿qué precondiciones existieron para que estas estrategias fueran exitosas, en mayor o menor medida? Todos los casos analizados son de grandes figuras, asociadas a liderazgos más bien personalistas. Muchos de ellos, incluso, llegaron al poder a través de partidos políticos nuevos o de frentes electorales que representaban coaliciones amplias. A lo largo de sus gobiernos, más temprano o más tarde, esas alianzas y acuerdos que los sostenían en el poder comenzaron lentamente a resquebrajarse. Cada vez más, muchos mostraban más dificultades en imponerse como conducción en sus espacios, al mismo tiempo que no surgían otros liderazgos que pudieran reemplazarlos. Esto se evidenció, también, en las disputas entre los mismos miembros de sus respectivos espacios políticos: no sólo el enfrentamiento Fernández- Fernández en Argentina, sino también el de Evo Morales y Luis Arce en Bolivia o la persecución judicial a Rafael Correa por parte de su ex vice-presidente Lenín Moreno. En todos los casos, el desgaste de procesos que fueron muy rupturistas en muchos sentidos pero que no llevaron adelante transformaciones profundas en la estructura productiva de cada sociedad, implicó el afloramiento de tensiones con sectores que otrora habían sido sostén de esos gobiernos. Los conflictos de las comunidades indígenas de las tierras bajas bolivianas con el gobierno del MAS o el alejamiento del kirchnerismo de ciertos sectores sindicales pueden ser leídos desde esta óptica. Así y todo, estas figuras políticas seguían (y siguen) conservando enormes niveles de popularidad, aunque no sean los de antes. Por eso, las derechas los perciben como un "peligro" que debe ser atacado por todos los medios posibles, no importa su legalidad o ilegalidad. Muchos de estos personajes son o han sido proscritos por la (in)Justicia, incidiendo directamente en los procesos electorales.

Varios de estos líderes políticos afirman que hoy por hoy, los sectores de la sociedad que en otro momento hacían su voluntad mediante sangrientas dictaduras ya no necesitan de la violencia física para ello, sino que su nueva cruzada es la del Lawfare, con el Poder Judicial como principal arma. ¿Esto es cierto? La evidencia sugiere lo contrario. Sí, hay algo de verdad: los golpes de estado a los que he aludido (contra Lugo, contra Dilma, contra Evo) fueron caracterizados como golpes blandos y no tuvieron la misma forma que los de las décadas de los '60 y '70 del siglo XX. Sin embargo, en todos los casos, se registra un enorme aumento de la violencia represiva del estado. Las masacres de Sacaba y Senkata en Bolivia, las imágenes brutales de la escalada de violencia en Ecuador, la criminalidad de la policía brasileña al mando de Bolsonaro o la represión despiadada a las manifestaciones de jubilados en Argentina son la evidencia de que la vía judicial no anula la violenta. Tanto las masas movilizadas como los mismos líderes políticos víctimas del Lawfare son atacadas por la violencia física: tras el golpe de 2019, Evo Morales debió solicitar asilo político por el peligro a su integridad física, el juicio político hacia Lugo fue acompañado por la presencia de francotiradores apostados en la plaza dispuestos a disparar. Del mismo modo, la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner fue posterior a su intento de asesinato en 2022, causa en la que están directamente implicados actores políticos de relativa importancia y en la que han sido cómplices medios de comunicación masivos, como el diario Clarín, que pocos días después tituló "Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá".

Aunque es fácil recaer en la sensación de que todo está perdido, algunos datos de la realidad deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, en casi todos los casos existe o existió resistencia popular al avasallamiento de la democracia y a la imposición de una agenda cada vez más violenta desde los gobiernos neoliberales. Por otro lado, en casos como Brasil, el uso de la Justicia como herramienta proscriptiva encontró rápidamente sus límites, evidenciado en la vuelta de Lula Da Silva a la presidencia. La destrucción de la democracia y la banalización de la división republicana de poderes no parecen estar siendo gratuitas, aún cuando sus efectos aún no son del todo visibles.

Lucía Desages

Bibliografía:

·        Hernández, J. L. (2021). "Bolivia 2019-2020. Crisis política, golpe de Estado, retorno a la institucionalidad" en Ni Calco Ni Copia N°9. 55-80

·       Grande, P. y Wiurnos, N. C. (2023). "La explosiva coyuntura política boliviana 2019-2020: de la reacción derechista y el golpe de Estado al triunfo de la rebelión popular contra Áñez" en Ni Calco Ni Copia N° 10. 35-57

·       Casado, F. y  Sánchez,  R.(2020). Lawfare  en  Ecuador:  las acciones del estado desacreditadas por organismos internacionales. Nullius, 1(1), 1-17. Recuperado de: https://revistas.utm.edu.ec/index.php/revistanillius/article/view/2325

·       Samper, E., Ramina, L. y Proner, C. Guerras jurídicas contra la democracia. El lawfare en América Latina. Recuperado de: https://americalatina.global/biblioteca/GUERRAS_JURIDICAS_CONTRA_LA_DEMOCRACIA_Vol_I_El_lawfare_en_America_Latina.pdf